Los candidatos del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou y del Partido Colorado, Ernesto Talvi fueron extremadamente claros en su posición contra los trabajadores.

Desde el inicio de la campaña electoral Ernesto Talvi ha expresado su desagrado por lo funcionarios públicos; aspecto que enfatizó por completo la semana pasada. Pero en el caso de Lacalle Pou, su rechazo por los sindicalizados es mucho menos novedoso. Lo que los une a uno y otro candidato, a uno y otro programa es el malestar con los trabajadores.

Como ya todos sabemos, Ernesto Talvi publicó una polémica afirmación sobre los datos de desempleo en Uruguay, alegando que la cifra no es real ya que integra a los funcionarios públicos que han ingresado al Estado en estos años.

Luego, a pesar de las múltiples respuestas que obtuvo señalando el error conceptual que había cometido, el economista reiteró que el problema son los funcionarios públicos y que “no se deben llenar vacantes sino priorizar la gestión para bajar la cantidad de vínculos con el estado”. Incluso refiere a un exceso de funcionarios que no es tal, medido esto por el BID y se compromete a reducir 50.000 de estos puestos, por lo que no sabemos dónde irían a parar sus ocupantes.

Todo esto sin tener en cuenta que los 70.000 vínculos laborales de los que habla son maestros y profesores que están en la educación pública (ANEP-UdelaR), médicos, enfermeros, camilleros, que están en la salud pública en (ASSE), agentes policiales del Ministerio del Interior y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social. Todos trabajadores abocados a llevar adelante las funciones prioritarias del Estado.

Claramente, Talvi siente un gran desprecio por los trabajadores y esto ya lo había expresado al hablar de la reforma de la seguridad social donde plantea la creación de cuentas individuales, eliminado el régimen solidario actual y también al referirse a la negociación de salarios por empresas y no por ramas o sectores.

Lo mismo ocurre en el caso de Luis Lacalle Pou, no solo porque el candidato nacionalista es recordado por no votar las leyes de regulación del trabajo doméstico, del régimen laboral y de descansos del peón rural, o la de responsabilidad penal de los empleadores. Sino fundamentalmente porque su programa de gobierno plantea también el disgusto con la clase trabajadora y a viva voz señala que derogará el decreto que habilita la ocupación de los lugares de trabajo y modificará los Consejos de Salario volviéndolos más flexibles y negociando también por empresas.

Asimismo, apoyado por las Cámaras Empresariales manifiesta “Que pequeñas empresas del interior del país puedan eventualmente tener un laudo menor para algunos puestos de trabajo”, como sacrificio a la hora de generar más empleo en esos lugares. Más empleo a costa de menos salario para el trabajador, esa es su solución.

Pero también propone aumentar la edad para obtener la jubilación, quitar a los trabajadores del gobierno de la ANEP y por supuesto anuncia que no compartirá “el poder con los sindicatos”, como si el gobernar se tratara de una lucha de unos contra otros. De un lado los trabajadores y del otro; ya sabemos quienes.

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